a. En los años 90 se llevó a cabo un extenso programa de privatizaciones, abarcando decenas de empresas que eran dominantes en áreas como energía, comunicaciones, transporte y acero, entre otras. En los últimos años ha habido una reversión parcial (un proceso de re-estatización) pero básicamente acotado a unas pocas empresas que exhibían un funcionamiento insatisfactorio bajo administración privada. VERDADERO
b. No hay forma objetiva de medir la “inequidad” en la distribución del ingreso, pero sí la desigualdad. Por ejemplo, el Coeficiente de Gini intenta medir las diferencias que existen entre una distribución perfectamente igualitaria del ingreso social y la distribución del ingreso que se verifica en una sociedad determinada, en un momento dado. Cuanto mayor es dicho coeficiente, mayor es la desigualdad de ingresos en esa sociedad, medida a través del mencionado Coeficiente. VERDADERO
c. El sistema previsional argentino nació como un sistema de capitalización, administrado por el Estado, a principios del siglo XX. Con el tiempo, el sistema se fue quedando sin ahorros porque los mismos fueron usados para financiar el déficit del Estado, y se fue transformando en un régimen de reparto. En el año 1993 se aprobó una reforma (implementada a partir de 1994) que implicó el reemplazo total del régimen de reparto por uno de capitalización, con administración privada –regulada por el Estado- a través de las AFJP. FALSO: a pesar de que la iniciativa original del Gobierno Nacional era implementar un sistema de capitalización, el sistema puesto en práctica en 1994, luego de las discusiones legislativas, incluía la posibilidad de optar entre un régimen de reparto “puro” (que era la continuación del anterior sistema de reparto) y un régimen mixto, en el cual los aportes patronales los recibe el Estado y los aportes personales van a cuentas de capitalización administradas por las AFJP, y el ingreso a percibir se compone de una “jubilación ordinaria” que se percibirá a partir de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización (lo que será el “componente de capitalización”) y una parte que pagará el Estado, por un monto igual a todas las personas (la “Prestación Básica Universal”). Esto es claramente un componente de reparto, que tiene un carácter redistributivo (las contribuciones patronales van en función del monto de los ingresos percibidos por el trabajador activo, pero la PBU es la misma para todos). Adicionalmente, puede haber un pago complementario (la “Prestación Complementaria”) si el trabajador ya había hecho aportes al sistema de reparto, que recompensa esos aportes.
d. El Estado interviene en materia de educación de varias formas: a través del sostenimiento de escuelas públicas; estableciendo regulaciones (planes de estudio, derechos y obligaciones de los establecimientos que forman parte del sistema educativo bajo regulación); y otorgando subsidios, ya sea para pagar parte de los costos de los establecimientos educativos, o para incentivar a los alumnos a que concurran a los establecimientos. VERDADERO
e. Cuando se establece un impuesto sobre un determinado bien, las elasticidades de la oferta y de la demanda de ese bien juegan un papel fundamental para establecer el resultado económico final, es decir, cuáles son los efectos del impuesto sobre: i) el precio que finalmente terminará pagando el comprador, ii) el ingreso –neto del impuesto- que recibirá el vendedor; iii) sobre la cantidad del bien y iv) sobre la carga excedente que provocará el impuesto, si fuera el caso. VERDADERO
f. La reforma de la Constitución realizada en 1994 establece que debe sancionarse una Ley de Coparticipación de Impuestos, y que la distribución de dicha coparticipación se debe efectuar en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada gobierno (Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires) contemplando criterios objetivos de reparto; también pide que dicha distribución sea equitativa y solidaria. VERDADERO
g. El votante mediano es el que se encarga de mediar entre las distintas posiciones en pugna respecto a una decisión; el teorema del votante mediano dice que es finalmente la posición que tenga este votante mediano la que se impondrá y, por lo tanto, será el votante mediano quien gobernará el país. FALSO: el votante mediano es el que, en el hipotético caso de que todos los votantes fueran clasificados en función de su preferencia respecto a un determinado tema, estaría ubicado en el medio de la distribución; si, por ejemplo, la clasificación fuera en función del tamaño de gasto público preferido, tendría la misma cantidad de votantes que prefieren un gasto público mayor que el que él prefiere, que la cantidad que apoyaría un gasto público menor. El teorema del votante mediano dice que, en equilibrio, la posición del votante mediano será la que puede obtener la mayoría de los votos (porque entre su posición y la de alguien que quiere un gasto mayor, todos los que quieren un gasto menor votarán a favor de la posición del votante mediano; y entre su posición y la de alguien que quiere un gasto menor, todos los que prefieren un gasto mayor votarán a favor de la posición del votante mediano); pero eso no quiere decir que existirá para todos los casos un mismo “votante mediano” que será el que gobierne el país; el “votante mediano” puede ser distinta persona en cada caso, es un concepto estadístico aplicable a cada decisión. La enseñanza fundamental es que cuando la votación se decide por mayoría, se tiende a descartar las opciones extremas, y elegir una opción intermedia.
h. La propuesta de Ramsey para minimizar la carga excedente de un sistema tributario consiste en que se establezcan alícuotas impositivas para los distintos bienes que sean inversamente proporcionales a las elasticidades de dichos bienes. VERDADERO
i. El principal argumento a favor de descentralizar funciones de gasto en los gobiernos locales es que eso llevará a provocar migraciones de la población de un territorio a otro, en las cuales cada persona buscará instalarse en aquella provincia o municipio que tenga el gobierno con el que más esté de acuerdo. FALSO: El principal argumento a favor de descentralizar gastos en los gobiernos locales es que de esa forma habrá una mayor cercanía entre quien decide los gastos (el gobernante) y los que pagan los impuestos o se benefician de los gastos. Esto determina un mayor conocimiento por parte del gobernante acerca de las necesidades de los ciudadanos, y una mayor posibilidad de éstos de ejercer control sobre el gobernante (se puede agregar que la descentralización de gastos permite una mayor adaptación de los servicios provistos por el Estado a las preferencias de los ciudadanos).
j. Los servicios de salud se financian fundamentalmente de tres formas: i) a partir del presupuesto público (hospitales y centros de salud públicos); ii) a partir de los gastos “de bolsillo” que efectúa cada persona para abonar cada prestación que recibe, y iii) a partir de aseguradoras de salud. Estas se denominan generalmente “obras sociales” o “empresas de medicina prepaga”, pero más allá de esta denominación no existe ninguna diferencia sustantiva entre ellas. FALSO: entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga hay una diferencia sustantiva: estas empresas se financian a través de mecanismos de mercado (cobran una cuota, que estará en función del costo presunto que tendrá el asociado para la empresa; quien paga más, tendrá un servicio más completo). En cambio, las obras sociales se financian a partir de un tributo (los aportes y contribuciones destinados a las obras sociales) que el afiliado paga en función de su nivel de ingreso; pero un mayor pago no le da derecho a un mayor grado de prestación que aquel que tiene un ingreso menor y, por lo tanto, paga menos. La financiación de las obras sociales tiene un principio solidario, el pago a las empresas de medicina prepaga es una transacción de mercado.
