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Raúl Alfonsín:
En su gobierno se ordeno un decreto presidencial para el juzgamiento de los miembros de las 3 primeras juntas militares. Este presidente hizo suyas las demandas y los valores del movimiento. Por un lado era necesario actuar frete a las víctimas de las violaciones cuyos derechos y daños debían ser reparados. Por el otro, la transición implicaba la construcción de una nueva institucionalidad para proteger a los derechos humanos y una ampliación de la ciudadanía.
Los derechos humanos se convertían en la base de la construcción de una cultura democrática, humanista y pluralista. Se establecía que la sociedad debía tener un rol más importante y que junto con el estado debían actuar conjuntamente.
Una vez en el gobierno las demandas no se respetaron del todo. Se focalizo en el compromiso de llevar a adelante el juicio a los militares, pero también había una negociación con ellos, porque si bien a demanda era esclarecer las violaciones a los derechos humanos, la política de Alfonsín se basaba en resolver el problema y también mantener una relación armonía con mis militares.
Para juzgar a los militares se basaba en la distinción de responsabilidades entre los que dieron la orden, los que las ejecutaron y los que cometieron excesos. También hubo un acuerdo secreto con las fuerzas armadas en las que las condenas a los comandantes y mandos superiores se unían al compromiso de indultarlos antes de la finalización del mandato presidencial de Alfonsín.
Algunos organismos, como las madres los familiares, consideraban que el gobierno trataba el tema demasiado cauta y timidante por lo que se fueron separando estas organizaciones de las acciones del gobierno y exigían mas tanto en la administración de justicia como en el proceso de esclarecimiento.
Otro motivo porque las madres se separan es que el gobierno crea la comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar los crímenes cometidos en la dictadura en lugar de una comisión bicameral como reclamaban las madres.

Carlos Menen:
En la presidencia de Menem, el presidente actuó en la cuestión militar de la siguiente manera:
En 1989utilizo la prerrogativa presidencial del indulto par liberal a militares condenados por violaciones de derechos humanos en la dictadura, por su actuación en la guerra de Malvinas y por haber estado involucrados en los levantamientos. Luego completo esta estrategia otorgando un indulto a quienes permanecían en la cárcel incluyendo a líderes de la guerrilla y que aun estaban presos. Pero estos indultos no concluyeron a militares carapintada que habían protagonizado el último levantamiento. Entonces la estrategia era perdonar por crímenes pasados y castigar por los presentes. Esta aplicación de los indultos a pesar de que el movimiento estaba en contra, significo una derrota a los derechos humanos, pero no elimino el impacto social del nunca más y se reconocieron los derechos humanos como derechos básicos.
El gobierno de Menem trataba de minimizar los costos políticos de haber recurrido a los indultos. A partir de estos se noto una enorme disminución en la popularidad del presidente.
Mediante un decreto presidencial se beneficiaba con indemnización económica a todas las personas que habían sufrido detención ilegitimas o detenciones a disposición del Poder Ejecutivo. Luego se establecieron también indemnización a los padres, hijos o herederos de los desaparecidos y muertos como consecuencia de la represión.

“fase de verdad” y “fase de la justicia”:
La fase de la verdad implico el reconocimiento por parte del estado de la responsabilidad que tuvieron agentes que pertenecían a ellos por los abusos que se cometieron y esto solo se lograría después de que se sepa y difunda la verdad sobre lo ocurrido. Mientras que la fase de la justicia la penalización de los culpables haciendo saber la verdad y devolviendo a las victimas la garantía de sus derechos resolviendo al fin de manera acabada el conflicto sin generar así un futuro incompleto lleno de dolor e injusticia para las víctimas y afectados en general.
En la argentina la CONADEP se encargo de la fase de la verdad, realizando y publicando las investigaciones correspondientes mientras que la fase de la justicia fue más dificultosa, se tuvieron que realizar revisión y retrocesos en la política oficial.
El reconocimiento de la vedad, la humanización de las víctimas y las acusación de los responsables fue un proceso muy significativo para aquellos que se vieron afectados y para toda la sociedad en sí. Mas allá de la condena social que se genera por el repudio de estos actos sigue siendo muy necesario la centralidad de la justicia en el reconcomiendo y afectados en general.

“lucha contra el olvido y por la recuperación de la memoria”:
Basada en la convicción de que solo a través del recuerdo permanente de lo ocurrió en la represión se puede construir una barrera contra la repetición de situaciones semejantes.
Frente a las interpretación de los que pretendían glorificar a los militares como héroes en una guerra que tuvo “algunos excesos” o los que pretendían cerrar las heridas y conflictos de la sociedad a través de la reconciliación y el olvido, señalando las urgencias económicas y políticas del presente y mirar hacia el futuro, el movimiento de derechos humanos se dedico a promover el recuerdo y a señalar que acontecimientos era preciso retener y transmitir.

“Aparición con vida”:
Este comunicado fue enunciado en Suecia por las madres que acompañaron al líder del SERPAJ al recibir el premio nobel de la paz en respuesta de la declaración de Balbín: “no hay desaparecidos sino muertos”. Se sabia que no todos estaban muertos por detenidos (“desaparecidos2) que luego fueron librados. Con esta bandera las madres negaron la muerte. Las violaciones de los derechos humanos reclinaron con respecto al año pico (76/77) gracias a las movilizaciones sociales y a que la sociedad fue perdiendo el miedo, sumando a la gran repercusión que tuvo en el exterior la entrega del premio nobel de la paz. Demostrando que la oposición a los militares era más frontal y abierta hacia el gobierno y esto se afianzo mas luego de la guerra de Malvinas, lo que abrió el camino hacia la transición de la democracia.

Terrorismo de estado:
Consiste en la utilización, por parte de un Gobierno, de métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar sus objetivos sociales, políticos o militares. Se caracteriza por el uso de la tortura, ocultamiento de la información, marginación del poder judicial, confusión de la opinión pública y la eliminación de todas las libertades públicas por parte del estado.


La demanda y justicia:
Luego de la derrota de la guerra de Malvinas el juicio y castigo a los culpables comenzó a ser una demanda cada vez más fuerte, Esto provoco que en 1983 el movimiento que base en promover una forma de juicio y castigo a los culpables, es decir, a los miembros de las fuerzas armadas a quienes formaron parte de las juntas militares y los que era responsables de detenciones ilegales y torturas. Este fue un periodo de unión con otras organizaciones, como la CGT y los partidos políticos.
El movimiento de los derechos humanos quería evitar una salida negociada es decir que a cambio de la entrega del poder por parte de los militares, sele otorgue impunidad a los represores.


Leyes de Punto final (1986) Obediencia Debida (1987) y indulto presidencial (1989):
La ley de punto final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 en la presidencia de Alfonsín estableciendo la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucro detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar. Ley de obediencia debida: fue una disposición legar dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Alfonsín, que estableció una presunción iuris et de iure (es decir que no admitía prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia y el autodenominado Procesos de Reorganización Nacional no era punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” (concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). El indulto presidencial: una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía Jose Martinez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrillas. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 200 personas.
El 6 de marzo del 2001 se declaro la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida que eliminadas la posibilidad de procesar a los militares responsables de la represión, con excepción del crimen de secuestro de niños.

Principales elementos que configuraban la heterogeneidad de los organismos:
La heterogeneidad se debía por un lado a la existencia de dos tipos de organizaciones, la de los afectados directamente (madres, abuelas y familiares de detenidos por razones políticas) y el de no afectados (SERPAJ, Liga Argentina por los DDHH).
Otro motivo fue la estrategia política a tomar: había tensiones entre los organismos que pretendían una posición frontal y los que pedían moderación por miedo a respuestas violentas por parte del estado.
El último motivo que justifica esta heterogeneidad es la acción durante la dictadura, mientras algunos recurrían a la defunción y denuncia de las violaciones (incluyendo el plano internacional), otras brindaban solidaridad y apoyo a las víctimas.
Las organizaciones de afectados, más homogéneas, las integraban las familiares y víctimas que recuperaban algún familiar desaparecido o detenido. Había una divergencia por las orientaciones políticas, mientras unos eran apolíticos, otros eran grupos de izquierda. Otra diferencia dentro de los afectados era por las tareas asumidas y en las demandas y por diferencias de personalidad y liderazgo.
Las organizaciones de no afectados o de solidaridad se diferenciaban por las elecciones de estrategias; algunos eran legítimas que recurrían a la formalidad de la ley y otros partidos políticos e instituciones religiosas.